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Más de cuatro años después de haber promulgado el llamado paquete telecom 2002, fundamento de toda la legislación sectorial en los estados miembros, la Comisión Europea (CE) lleva tiempo
dedicada a revisarlo, cara a la fijación de un nuevo marco regulador.
El cambio normativo llega sin que haya culminado la incorporación de las directivas a las leyes estatales, y con varias autoridades nacionales de reglamentación (ANR's) a medio fijar las reglas concernientes a los dieciocho mercados de referencia fijados por la propia CE. Dicho más claramente: la norma básica comunitaria se revisa sin haber llegado a ser aplicada en su integridad.
Las propias directivas de 2002 fijaban un plazo límite -junio de 2006- para su reconsideración, en relativa contradicción con los procedimientos previstos de implementación, y todavía más con la dinámica en que se ha producido: acumulando importantes retrasos, bien es verdad que en unos países más que en otros, pero con el resultado de que el proceso no se ha logrado completar. Probablemente, la experiencia de lo acontecido desde aquella fecha sugiere que las previsiones de calendario fueron al mismo tiempo irreales e inadecuadas, viendo cuál ha sido la evolución real de los mercados y cómo se ha ido aplicando sobre ellos el marco de regulación.
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